El congreso es la máxima expresión de nuestra vida democrática y, aunque estamos en un contexto donde se cuestionan las prácticas colectivas y los espacios de participación, CCOO sigue reivindicando con firmeza estos procesos como parte de nuestra cultura organizativa, porque nos fortalecen, nos cohesionan y nos dotan de mejores herramientas para afrontar los desafíos que tenemos como sindicato y como clase.

En este contexto, el XIII Congreso de CCOO ha aprobado la resolución “Por un modelo público de universidad como garante del progreso social frente a la universidad como bien de mercado”, con el siguiente contenido:

“La educación universitaria pública permite el desarrollo de conocimientos, capacidades y habilidades especializadas a la ciudadanía, elementos necesarios que ofrecen la oportunidad de avance social, crecimiento y desarrollo. El acceso equitativo a la educación superior es una condición necesaria para no ahondar en las desigualdades y avanzar en la igualdad de oportunidades. La educación superior universitaria es un servicio público que debe estar garantizado por las universidades públicas. Para ello, éstas han de contar con los recursos y medios necesarios. Entre estos recursos destaca una financiación adecuada, suficiente y previsible en el tiempo para poder dar cumplimiento a sus obligaciones con la sociedad. Es responsabilidad pública, especialmente de las comunidades autónomas, asegurar las condiciones necesarias para que las universidades puedan cumplir con su mandato de formar personas libres, críticas y con plenas capacidades, habilidades, conocimientos y experiencias para su desarrollo personal, social y profesional, con independencia de su situación de origen.

El derecho al acceso del alumnado a la universidad y su continuidad en ella debe estar garantizado por las universidades públicas en tanto que estamos ante una condición básica de ciudadanía y condicionar el acceso a la misma a la capacidad económica de las personas y sus familias supone vulnerar el principio de la igualdad de oportunidades, la equidad y el mérito. Debe garantizarse un sistema universitario en el cual el éxito no esté determinado por el entorno en el que nos ha tocado nacer.

Pero frente a estos principios, la realidad a la que nos enfrentamos evidencia la renuncia intencionada por parte de algunas administraciones públicas a este mandato. Dichas administraciones deberían ser las garantes de la vigencia y avance de la universidad pública. Sin embargo, algunas administraciones están potenciando un modelo universitario en el que prima, en muchos casos, la universidad como oportunidad de negocio, favoreciendo el crecimiento incontrolado e injustificado de universidades privadas. Y esta estrategia pasa, necesariamente, por el desprestigio y el cuestionamiento de la universidad pública por diversas vías. Para este fin, la principal herramienta está siendo la infrafinanciación de la universidad pública, que ha visto reducir en un 14% desde 2009 los fondos públicos disponibles, lo que se traduce en una pérdida de uno de cada cinco estudiantes en los últimos 25 años, con la consiguiente transferencia de alumnado a las universidades privadas. Estamos, por la tanto, ante una política intencionada de deterioro, abandono y, en algunos casos, desmantelamiento de la universidad pública y de fomento de la universidad privada.

Frente a esta situación, desde CCOO reclamamos la necesidad de un pacto de Estado en defensa del modelo público de universidad que se sustente, entre otros, en los siguientes criterios:

1. La educación superior universitaria es un derecho de ciudadanía, no pudiéndose condicionar el acceso a la misma a la capacidad económica de las familias.

2. La universidad debe ser autónoma, democrática, plural y participativa.

3. La financiación pública, en todas sus modalidades, se debe destinar a la universidad pública.

4. La universidad pública tiene que contar con los recursos y medios necesarios, entre lo que destaca una financiación adecuada, suficiente y previsible en el tiempo.

5. Se debe garantizar una oferta de plazas en todos los niveles (grado, máster y doctorado) que permita que toda aquella persona que solicite plaza en una universidad pública tenga acceso a la misma. Esto es especialmente necesario en el caso de los másteres habilitantes, que se han convertido en la gran oportunidad de negocio para las universidades privadas. Con carácter de mínimos se debe garantizar la plaza a todo el alumnado procedente de la universidad pública.

6. Hasta que se alcance la gratuidad de los estudios universitarios, tal y como se recoge en la LOSU, los precios del máster deben ser iguales que los de grado y debe ampliarse, en relación con las becas y ayudas al estudio, la dotación económica (especialmente en el caso de la ayuda a la residencia) y los supuestos contemplados para afrontar las nuevas realidades sociales y económicas.

7. Se exigirá a los centros privados universitarios las normas de calidad que debe cumplir una institución universitaria, se revisará su necesidad y se establecerá una moratoria de 10 años para la autorización y reconocimiento de nuevas universidades y centros universitarios privados.

La universidad pública es un derecho que la clase trabajadora ha conseguido tras durísimas luchas y un pilar esencial de cualquier sociedad que pretenda avanzar hacia la democracia, la igualdad y el bienestar social. No podemos dejar que la destruyan quienes quieren convertir el derecho de todas y todos en el negocio de una minoría.”

Esta resolución evidencia el compromiso de CCOO con la defensa de un modelo público de universidad que permita la construcción de una sociedad más equitativa, autónoma y libre.

Defiende la universidad pública y de calidad, la universidad de todas y todos