El ámbito de las universidades y la enseñanza superior afronta una etapa especialmente relevante como consecuencia tanto del marco normativo de referencia recientemente aprobado o en tramitación como de las nuevas realidades, necesidades y desafíos que se nos plantean de manera inmediata y a medio plazo. Con tal objeto, es preciso generar un marco de trabajo conjunto y permanente con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Para ello, CCOO ha solicitado una primera reunión con el objetivo de abordar una serie de cuestiones prioritarias como serían, entre otras, las siguientes:

1. La necesaria modificación del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario que, pasados los años, ha quedado totalmente obsoleto. Es más, diversas sentencias judiciales señalan la ilegalidad de algunos de sus apartados.
2. Retomar la negociación del Estatuto del Personal Docente e Investigador, cuya negociación se inició hace más de quince años y que, a día de hoy, está paralizada. Y ello a pesar de que la Disposición Adicional Décima de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario contemplaba un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley orgánica para que el Gobierno presentará al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley del estatuto del personal docente e investigador universitario. Este plazo venció el pasado 14 de octubre de 2023. La última reunión de la mesa de negociación se produjo el 24 de julio de 2024 y, tras un año de paralización de dicho proceso, consideramos imprescindible abordar de manera decidida y urgente la concreción del proyecto de ley que defina de manera ajustada el marco de los derechos y condiciones de trabajo de este colectivo.
3. Concretar un acuerdo para la financiación de las universidades públicas. El artículo 55.2 de la LOSU establece la obligación de destinar como mínimo el 1 por ciento del Producto Interior Bruto al gasto público en educación universitaria pública en el conjunto del Estado, permitiendo así la equiparación progresiva a la inversión media de los Estados miembros de la Unión Europea. El 20 de noviembre de 2024 se constituyó la comisión de trabajo para tal fin pero, desgraciadamente, tras una convocatoria en ese mismo año, no se ha vuelto a reunir. En el actual contexto de infrafinanciación crónica y deterioro progresivo del conjunto del sistema universitario público, la concreción del mandato contenido en la Ley resulta perentorio, por lo que consideramos de vital importancia que esta mesa retome su trabajo y establezca los términos de dicha financiación.
4. La concreción del texto del Proyecto de Real Decreto por el que se modifican en Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios. En las alegaciones a este proyecto normativo presentadas por CCOO, señalamos la necesidad de incrementar la exigencia de los requisitos inicialmente contemplados ante un contexto general de crecimiento irracional e injustificado de iniciativas de autorización y reconocimiento de universidades y centros privados universitarios que anteponen de forma evidente el interés económico a la prestación del servicio público de educación superior. Desconocemos la redacción actual del proyecto toda vez que no se nos ha trasladado nueva información al respecto desde el mes de abril. Sin embargo, contemplamos con preocupación declaraciones públicas de responsables universitarios y autonómicos que señalan en la dirección contraria, a una relajación de dichos requisitos. Resulta imprescindible establecer una moratoria de 10 años para la creación, reconocimiento y autorización de nuevas universidades y definir un mapa de titulaciones que permita un diseño racional del sistema universitario estatal y autonómico y de la necesidad o no de nuevos centros universitarios.

No podemos seguir demorando ni un minuto más el tratamiento y resolución de forma clara, decidida y en el marco de la negociación colectiva de estas y otras cuestiones que van a condicionar el futuro inmediato de las universidades públicas y de su comunidad universitaria, así como los derechos del personal al servicio de las mismas.