El ministro de Transformación Digital y Función Pública está mostrando una lamentable falta de interés en atender las reivindicaciones de las organizaciones sindicales firmantes del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI (cuya vigencia finalizó el pasado mes de diciembre de 2024). Al no obtener respuesta alguna a las demandas presentadas, CCOO y UGT retomaremos el proceso de movilización, iniciado el pasado julio, con una concentración de más de 3.000 empleadas y empleados públicos.

Materias tan relevantes como son la jubilación parcial del personal laboral, funcionario y estatutario, la clasificación profesional conforme al Sistema Español de Cualificaciones Profesionales, garantizar el acceso a la promoción interna y a la movilidad, la implantación del grupo B, las 35 horas en el ámbito de la Administración General del Estado, la situación del Servicio Exterior, la aplicación efectiva del plan de choque para reducir la temporalidad o la eliminación de la tasa de reposición ya comprometida son compromisos que aún están por resolver.

A esto, ya de por sí grave, se suma la falta de respeto de este Ministerio al presentar un documento de “consenso” para una Administración abierta, que no ha sido ni negociado, ni mucho menos consensuado, con CCOO y UGT, algo que nuevamente hemos denunciado. Parece que este ministro no ha entendido la gravedad de la situación.

Esta semana, además, hemos conocido la publicación de la Orden por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2026, hecho que vemos más que necesario para el conjunto del país y que sin duda es una nueva oportunidad, no solo para retomar el diálogo en la Función Pública, sino para fijar un calendario, con plazos concretos y urgentes, de implementación de los puntos pendientes del Acuerdo Marco y el reconocimiento a futuro de los derechos salariales de las plantillas públicas.

Esta es una condición necesaria para abrir un nuevo espacio de negociación que garantice mejoras retributivas, incluyendo las del presente ejercicio 2025, el empleo y las condiciones de trabajo de las y los empleados públicos.

La realidad es que estamos en septiembre y aún no se ha empezado a negociar el incremento salarial correspondiente a este 2025, lo que, a efectos prácticos, supone la congelación del sueldo de más de tres millones de trabajadoras y trabajadores del ámbito público en todas las administraciones.

Por lo tanto, reclamamos al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, que abra de forma inmediata la negociación de un nuevo acuerdo marco que garantice el poder adquisitivo de las empleadas y empleados públicos para 2025 y los siguientes ejercicios, y permita acabar con el grave problema de infradotación, precariedad y temporalidad del empleo público, culminando los procesos de estabilización en el empleo y su crecimiento neto, así como la mejora de las condiciones de trabajo en el reconocimiento de la profesionalidad de las y los empleados públicos.

Igualmente, la transformación digital y medioambiental, junto a la modernización de las administraciones públicas y las políticas de igualdad, son asignaturas pendientes de este país, y tienen un impacto directo en el empleo público, y, por ende, en la prestación de los servicios públicos, por lo que son materias que tienen que formar parte de un nuevo acuerdo.

Por ello, CCOO y UGT exigimos al Gobierno que culmine la aplicación de los acuerdos alcanzados y que inicie la negociación de un nuevo acuerdo, plurianual, que garantice un empleo de calidad y unas dignas condiciones salariales y de trabajo para los más de tres millones de empleadas y empleados públicos. Estamos hablando de condiciones de trabajo que no pueden quedar a la voluntad de los responsables públicos. Son derechos, no concesiones. De no obtener respuesta inmediata, CCOO y UGT intensificarán las movilizaciones hasta alcanzar nuestros objetivos en la defensa de los servicios públicos.